LANÚS: LA NECESIDAD DE UNA AGENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL

Desde el año 2006 existe la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), y sus 12 años solo nos exhibe la frustración del intento de unificar bajo un comité de cuenca los criterios que deben imperar para remediar el daño ambiental del charco que nos rodea. Transcurriendo una década solo hemos visto de manos de la ACUMAR miles de clausuras, sanciones de multas y planes de reconversión industrial para empresas identificada como agentes contaminantes. Y si bien es cierto que las industrias contaminan por sus deficientes políticas en la gestión ambiental de sus procesos productivos, no es menos cierto, que la autoridad de cuenca solo se ha dignado a acumular multas y actas de clausuras como si fuese una biblioteca a punto de desmoronarse en salvaguarda de su misión de remediar y sanear el Riachuelo.

Se ha visto además que la ACUMAR identificaba agentes contaminantes no por los daños materiales al medio ambiente sino por la ausencia de documentación formal (declaración jurada de residuos especiales, manifiestos y certificados de tratamiento de estos, falta del certificado de aptitud ambiental, permisos de vuelco de efluentes gaseosos a la atmosfera, etc.); bajo estas infracciones ambientales, la autoridad de cuenca trataba con la misma tabla de contralor a una curtiembre y a una fabrica de pastas, a una metalúrgica que cortaba chapas como a una empresa de galvanización en caliente a 450 grados centígrados. Es decir, no existe un criterio técnico para diferenciar. Y un pequeño taller de motos debía pagar un seguro ambiental con las mismas características que una curtiembre.

No puedo dejar de manifestar que por mandato constitucional tanto La Nación y la Provincia, tiene el deber de preservar el medio ambiente y garantizar el derecho de cada habitante el acceso a un ambiente sano. La última opinión consultiva (OC-23/17) de la Corte Interamericana de derechos Humanos tiene establecido que los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se han clasificado en dos grupos: i) los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, también identificados como derechos sustantivos (por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o a la propiedad), y ii) los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales, también identificados como derechos de procedimiento (tales como derechos a la libertad de expresión y asociación, a la información, a la participación en la toma de decisiones y a un recurso efectivo; a lo que deberíamos preguntarnos como ciudadanos de Lanús y de la Cuenca ¿Qué sabemos hoy de la salud de nuestro vecinos, y también ciudadanos, que viven en condiciones paupérrimas a la vera del Riachuelo? ¿Cuál es hoy la política agua potable y cloacas de la ACUMAR? ¿Efectivamente estamos informados por la autoridad de cuenca sobre su misión de saneamiento o solo vemos el shock informativo del fenómeno agudo de la clausura?

Por la ley de su creación 26.168, y la adhesión de la Pcia. de Bs.As. siguiendo los lineamientos del fallo Mendoza, la ACUMAR nacía con amplias atribuciones de poder de policía, y en especial para uniformar criterios técnicos y legales con los municipios que integran su jurisdicción, entre ellos nuestro Municipio de Lanús. Y si leíamos la ley, los abogados entendíamos que el Presidente de ACUMAR tenía más poder que el intendente local. De alguna manera frente al pasivo ambiental de la cuenca era vital aceptar que un comité de cuenca decida sobre los aspectos centrales del saneamiento ambiental del Riachuelo. Pero en 12 años solo vemos la frustración de la misión que encargó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo actualmente la autoridad de cuenca un organismo más que acumula papeles, que sigue: 1-sancionando con penas de multas exorbitantes y sin acto administrativo previo; 2-Que sigue clausurando con criterios formales y sin una auditoria ambiental como exige la ley de su creación (dejo a salvo los casos de flagrantes violaciones al ambiente, estos si están bien clausurados). A ello le sumo sus problemas presupuestarios que limita una capacitación constante e intensiva a su cuerpo de inspectores. Y por último el vaciamiento de atribuciones que de forma indirecta les correspondían a las autoridades locales (municipios de la cuenca y OPDS)

Por ello y lejos de ser una crítica, resulta imperiosa la creación de una agencia ambiental municipal; integral y compuesta por todos los actores de la ciudad: industriales, la UNLA, el Colegio de Abogados de Avellaneda – Lanús, los profesionales de ciencias ambientales, médicos, ingenieros y arquitectos, representantes de sectores vulnerables que padecen de manera crónica el pasivo ambiental de la cuenca.

No hace falta contratar más gente en el municipio para la creación de la agencia ambiental, nada más lejos, de lo que se trata es de crearla con las fuentes mismas que hoy existen en sus direcciones técnicas. No obstante, el detalle de la proyección de una futura e inmediata agencia es la diagonal que debe regir desde el Departamento Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante y los actores que deben sumarse ad honorem a la misma.

¿Cuál serian sus funciones? Sin animo de extenderme más, la principal función es la recopilación de la información ambiental de la ciudad. Los Municipios están muy limitados jurídicamente por la vetusta Ley de Radicaciones Industriales 11.459, a tal punto que solo pueden conceder la habilitación industrial cuando el OPDS otorga del Certificado de Aptitud Ambiental (dicho tramite puede durar hasta 10 años), sin embargo, los municipios tienen atribuciones constitucionales para que por ordenanza las industrias y actividades con incidencia ambiental le den la información ambiental que por sus procesos productivos generan en la ciudad. Con esta información, y siendo el Intendente municipal el principal responsable civil del partido, puede organizar la política ambiental y antisiniestral de la ciudad. Y el principal condimento para obtener la colaboración empresarial es la eliminación del tributo, tasa, distorsiva de seguridad e higiene o de inspecciones, que actualmente va por las ventas, y reemplazarla por una tasa ambiental de riesgo ambiental, subiendo la alícuota o bajándola de acuerdo a la propia actividad de la industria.

Por Sebastián D. Longhi

Abogado.

T° II F° 302. CAAL.

[email protected]

http://abogadolonghi.wordpress.com

Columnista de Lanús Noticias

Imprimir esta noticia



NOTICIAS MAS LEIDAS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *