El Gobierno nacional derogó hoy, mediante el Decreto 787/2025, el régimen de intervención estatal sobre los aranceles y matrículas de los establecimientos de enseñanza privada que regía desde 1993 y ordenó al Ministerio de Capital Humano revisar el marco normativo vigente para la fijación de cuotas en la educación pública de gestión privada.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto el Decreto 2417/93 y señala que «las regulaciones impuestas durante más de tres décadas dificultaban la capacidad de las escuelas privadas para adaptarse a las realidades económicas y educativas del país, generando incertidumbre y limitando la posibilidad de ajustar sus aranceles en función de sus costos y del contexto inflacionario».
Según los considerandos del decreto, la obligación de comunicar con anticipación y solicitar autorización estatal para modificar cuotas y matrículas llevaba a las instituciones a aplicar aumentos preventivos que encarecían la educación privada, afectando a las familias y restringiendo la libre competencia entre establecimientos.
La decisión instruye a la Secretaría de Educación para que eleve propuestas de modificación sobre el régimen de 1991, a fin de adecuarlo al esquema federal actual y promover un entorno más flexible para la gestión económica de los institutos privados.
