El proyecto del Departamento Ejecutivo de Lanús que propone licitar el seguimiento, la clasificación y el cobro de
De este modo, el gobierno comunal de Darío Díaz Pérez tendrá la potestad de llamar a concurso a las empresas interesadas en prestar el servicio aunque la ordenanza prevé que sólo puedan participará aquellas que acrediten experiencia en otras comunas.
El oficialismo logró refrendar el proyecto -muy discutido tanto los días previos en las reuniones de comisión como ayer durante la sesión- gracias al respaldo del concejal del monobloque Por Justicia Social (PJS), Francisco Malvaso.
Aunque, el ajustado 12 a11 con que cerró la votación, a partir del total rechazo de todo el arco opositor (PJ, ARI, PRO, Recrear y Unión Celeste Blanco) y los fuertes cruces que generó la propuesta dejaron en evidencia su controvertido carácter.
En líneas generales, los titulares de todos los bloques de la oposición se expresaron contra “los términos del llamado a licitación”. Aunque, los del titular del PJ, Omar García y el PRO, fueron más allá y sugirieron que la licitación no será que más que una forma de “transparentar” una privatización a manos de una empresa con la que ya estaría todo acordado.
El encargado de abrir el fuego fue García, que tras asegurar que “la ordenanza está diseccionada” le pidió al Ejecutivo con una marcada ironía que “si ya está definido que empresa va a ganar” se exima el Cuerpo a “tener que pasar” por la instancia de convalidación.
“Si ya está definido sería bueno que nos pudiéramos ahorrar esto”, disparó el concejal que, además, indicó que el expediente ingresado en un primer momento difiere del que finalmente se aprobó en el recinto.
En consonancia, el referente del macrismo en el Concejo, Jorge Schiavone, criticó que la iniciativa “haya llegado apenas unos días antes de la sesión” y afirmó ante todos los presentes que “el proyecto es igual a lo que dice en la página de Internet de la empresa SIAT S.A”.
“Votamos en contra por estas anomalías”, explicó el edil macrista, para aclarar de inmediato que, sin embargo, desde su sector celebran que la iniciativa “impulse la participación de empresas privadas en el control de algunas cuestiones estatales que no tengan que ver con áreas de exclusiva responsabilidad como Seguridad, Salud y Educación”.
Entre sus puntos, la ordenanza establece que el futuro contrato supone que la empresa prestadora del servicio percibirá un 38 por ciento de lo recaudado, siempre que está cifra no sea menor a lo proyectado por el Municipio.
El último balance de esta área (2007) arrojó un saldo positivo de apenas poco más de un millón de pesos, mientras que el monto programado para 2008 es de dos millones cincuenta mil pesos y de dos millones doscientos mil para el año siguiente.
Además, determina que los ocho empleados que actualmente se desempeñan en el área de inspección de publicidad se sumen al equipo de trabajo que disponga la empresa que se adjudique la licitación.
En este sentido, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria y responsable de defender la iniciativa en el recinto, Héctor Montero, minimizó los cuestionamientos y destacó la importancia de haber convalidado el proyecto pese a las críticas “de toda la oposición”.
“Fue una sesión muy debatida pero afortunadamente se aprobó una ordenanza que le dará una mayor eficacia en un área que año a año recauda menos”, argumentó el edil en defensa de la propuesta de la administración comunal.
Además, tras la sesión volvió a remarcar que lo que quedará en manos privadas “no es el cobro de los tributos”, sino tareas vinculadas al “relevamiento, seguimiento, verificación y preliquidación” de las distintas publicidades externas del partido.
aprecio mucho la nota, me suministro información relevante,me gustaría informarme mas a cerca del tema de la gestión de cartelería publicitaria externa, las inmiciones inmateriales, el numero de ordenanza que la regula. saludos atte. adrian desaunet.