Mientras Marisa Ávila y otros pacientes se aprestan a movilizarse hasta la gobernación con la finalidad de lograr entrevistarse con María Eugenia Vidal por la demora en la entrega de medicamentos oncológicos, es propio analizar la realidad y especular sobre sus resultados. Tal vez -sólo tal vez- se logre entender la situación y sus consecuencias.
La realidad es que al asumir el actual gobierno, desde la Provincia de Buenos Aires tomaron varias medidas que solucionaron el problema: regularizaron la provisión de medicamentos de miles de pacientes que se encontraban sin tratamiento por falta de drogas. Se hicieron cargo de los pacientes del programa Incluir Salud (ex PROFE), quienes estaban totalmente abandonados. Por último, se actualizó y amplió el vademécum, llegando a incluir 181 drogas para tratamientos del cáncer. De esta forma casi se duplicó el número de pacientes y se incorporaron nuevos medicamentos. Otra de las medidas acertadas fue la creación del grupo de «navegadoras», quienes atendían vía telefónica cada uno de los reclamos, disponiendo el inmediato envío de las drogas, previa constatación de la incorporación de los enfermos al sistema. Se creó el Plan Provincial del Cáncer para que los pacientes tuvieran la atención requerida, lo cual no existía previamente. Durante todo 2016 dio resultado.
¿Por qué, entonces, pareciera que se ha retrocedido a la situación anterior, donde la suspensión de los tratamientos por falta de drogas arriesga la vida de pacientes que quizás pueden recuperarse? Aquí comienzan las suposiciones, pues aún no hay información oficial al respecto. Y no hay que pensar demasiado: doble cantidad de pacientes y más medicamentos vaciaron los depósitos del Banco de Drogas provincial. Las licitaciones se iniciaron tardíamente: dicen que dicen que durante el mes en curso la adquisición de medicamentos será efectiva. ¿Mal cálculo del presupuesto? ¿Incremento de cantidad y precio de las drogas «difíciles» y muy, muy caras, esas que siempre faltaron?
Lo cierto es que la provincia, cuando no tiene lo que le solicitan, entrega inmediatamente las negativas, que son unas notas por las cuáles le dicen a la Nación que no tienen la droga requerida y derivan a esos pacientes al Ministerio de Salud de Nación. Antes no las entregaban y buscaban excusas para no reconocer el faltante. Organizaciones de pacientes dan cuenta que son 400 las negativas entregadas. Pero Nación tiene un vademécum menor y tampoco está proveyendo esas drogas, a lo que se suma que allí los enfermos deben iniciar nuevos expedientes y acercar toda la documentación requerida, que ya habían presentado en Provincia. Algunos de esos trámites serían personales y muchos enfermos no pueden acercarse a realizarlos. Y los expedientes administrativos demoran en tiempo el resultado. Los tratamientos suspendidos a veces anulan la remisión de la enfermedad y ésta avanza…
El costo de las drogas oncológicas es prohibitivo para todos. Los laboratorios, los funcionarios, los médicos y los pacientes lo saben.
¿La solución será política o los enfermos deberán presentar otra vez cientos de amparos?
Marta Santos
