La Legislatura bonaerense volvió a convertirse en escenario de negociaciones oscuras. En una sesión maratónica, el gobierno de Axel Kicillof consiguió la aprobación de USD 3.685 millones de endeudamiento, pero el verdadero debate público quedó opacado por algo más profundo y preocupante: el presunto canje de cargos por votos, denunciado incluso por sectores opositores que acompañaron la ley.
Una votación ajustada y cargada de sospechas
Diputados aprobó la iniciativa con 62 votos, apenas uno más que el mínimo necesario, un detalle que desnuda la fragilidad política del acuerdo. Minutos después, el Senado la convirtió en ley. Todo ocurrió en horas de la madrugada, un horario históricamente utilizado para decisiones polémicas que buscan minimizar el escrutinio público.
Cargos repartidos: el precio detrás del “sí”
El oficialismo consiguió votos que hasta horas antes parecían imposibles. ¿Cómo?
Con un mecanismo demasiado conocido en la política argentina: el reparto de sillones estratégicos del Estado.
Durante la negociación se avanzó con cambios en:
- El directorio del Banco Provincia, incorporando nuevos vocales y síndicos.
- El Consejo General de Educación.
- El Tribunal Fiscal de Apelación.
Estas designaciones fueron aprobadas en paralelo al endeudamiento, lo que disparó las críticas de quienes denunciaron un “pacto obsceno” para asegurar voluntades legislativas.
La oposición que acompaña… pero denuncia
Resultó especialmente llamativo que sectores de la oposición que votaron a favor también hayan denunciado irregularidades:
hablaron de “negociados disfrazados”, “subasta” de cargos y un acuerdo que priorizó intereses políticos por encima del bienestar fiscal de la Provincia.
Para La Libertad Avanza y otros bloques críticos, el gobierno utilizó el endeudamiento como herramienta de presión política, aprovechando la urgencia financiera de los municipios y el inminente pago de aguinaldos para acelerar el voto.
¿Y el argumento oficial?
El gobierno defendió la ley asegurando que los fondos son necesarios para afrontar vencimientos, pagos salariales y programas de inversión. Sin embargo, no logró despejar las dudas sobre la oportunidad, el monto y, sobre todo, el costo político que debió pagar para conseguir la aprobación.
Un Estado rehén de su propia política
Más allá de la necesidad financiera, la escena deja un mensaje inquietante:
en la provincia más grande del país, la gobernabilidad sigue dependiendo de intercambios de cargos que profundizan la desconfianza ciudadana y erosionan la transparencia institucional.
La deuda puede ser necesaria, discutible o incluso inevitable.
Pero lo que nadie puede justificar es que decisiones de esta magnitud se cierren entre pactos de madrugada y reparto de puestos, como si el Estado fuese un botín partidario y no una herramienta al servicio de los bonaerenses.
