| Jueves 28.03.2024

COMENZO PRIMER JUICIO ORAL Y PUBLICO POR TRATA EN MAR DEL PLATA

El primer juicio oral y público por trata de personas en Mar del Plata comenzó hoy con nueve personas, entre ellas un policía, en el banquillo de los acusados por el caso llamado "Dulcinea", nombre del local donde operaba una red que captaba y prostituía a mujeres dominicanas.
La causa se dirime en el Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Néstor Parra, Mario Portela y Roberto Falcone, con Juan Manuel Petiggiani como fiscal.
En la primera audiencia tres dominicanas con identidad reservada declararon a través de una videoconferencia, sin público ni acusados.
Las mujeres complicaron con sus dichos la situación procesal de Jorge Daniel Sánchez, su mujer Orfelina Montero, el hijo de ambos, Fernando Sánchez -que eran dueños y regenteaban el prostíbulo- y del policía Marcelo Campo, del área Drogas Ilícitas, quien actuaba en la red como custodio de las víctimas.
Las chicas relataron que las trajeron al país bajo engaños para trabajar en peluquerías y que, una vez en Mar del Plata, les quitaron todos sus derechos y las obligaron a ejercer la prostitución, informaron fuentes judiciales.
Para encubrir el engaño la banda las obligaba a participar de videos trabajando como peluqueras, compartiendo fiestas de cumpleaños o Navidad con los Sánchez y a mandar saludos a sus familiares en República Dominicana, para que no sospechen.
Según las fuentes, Daniel Sánchez incurrió en contradicciones al declarar y lo mismo ocurrió con otro imputado, Eugenio Iacovone, quien aseguró desconocer en qué estaba participando y para qué estaban las chicas dominicanas en Mar del Plata.
Iacovone reconoció haber anotado a tres dominicanas en su empresa de maestranza, pero dijo que en ningún momento trabajaron para él, que lo hizo para pagarle un favor al abogado Roberto Montecchia y porque le servía para evadir impuestos ante el fisco, pero que no sabía que era para un caso de trata de personas.
Orfelina Valdez Montero, acusada con su esposo como autores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, se negó a declarar al igual que su hijo, Fernando Manuel Sánchez, y Claudio Marcelo Campo, imputado como autor primario.
Todas las testigos coincidieron en señalar al uniformado como alguien que iba asiduamente al prostíbulo representando a la autoridad pública, con el propósito de intimidar y condicionar moralmente a las víctimas, cobrando de forma regular una suma de dinero a cada una por dar aviso previo respecto de supuestos controles migratorios y policiales.
Como partícipes secundarios del delito de trata y violación a la Ley de Migraciones son juzgados Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando, sospechados de ocupar diversos roles en la red de trata como requiriente, apoderado y gestor de las víctimas, respectivamente.
Los tres hombres están acusados de realizar trámites migratorios irregulares para las mujeres captadas, extrayéndoles dinero y abusando de su situación de vulnerabilidad.
Durante la investigación fue removido de su cargo Fernando Scarpatti -que luego murió-, ex titular de la Delegación Regional de Migraciones, dependencia que fue allanada por la justicia para secuestrar información para la causa y luego intervenida.
La causa se inició en marzo de 2010 cuando "Dalaida", apodo de una de las mujeres captadas por la red, logró fugarse del prostíbulo situado en la calle San Salvador 7274 y denunciar su situación de explotación sexual a la que era sometida.
Poco después la declaración de otra víctima de identidad reservada permitió impulsar la causa con nueve allanamientos, la detención de los responsables del prostíbulo y el secuestro de elementos probatorios que sirvieron para el juicio.
Como partícipes secundarios también están imputados Carmela Concepción Colas y Angel Hernández Cabral, como encargados de la barra y la seguridad del local, respectivamente, y del cobro de "pases" o tragos de los clientes.
Las mujeres dominicanas eran sometidas a esclavitud sexual en el prostíbulo "Dulcinea", bajo encierro comprobado y hacinamiento, el sometimiento compulsivo a la práctica sexual sin elección y la imposición de un régimen disciplinario de índole económico, describieron voceros judiciales.



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