Las autoridades judiciales investigan a la Jefatura Departamental Conurbano Norte de la Policía Bonaerense, la cual se encuentra denunciada por custodiar de manera ilegal diversos locales nocturnos en los partidos de San Isidro, Tigre, Vicente López y San Fernando. La situación fue llevada ante la Justicia por algunos efectivos de la citada institución de seguridad, quienes después recibieron amenazas de muerte.
Calificados voceros explicaron que las mencionadas pesquisas se realizan en el marco de la causa Nº 10.990, que se tramita ante la doctora María Emma Prada, fiscal de la Unidad Funcional Nº 8 del departamento judicial de San Isidro.
De acuerdo a las reglamentaciones en vigencia, los uniformados de la policía provincial están inhabilitados para efectuar labores de custodia en los centros de expansión nocturna, aunque, según lo denunciado, los servidores públicos violarían esas disposiciones y cobrarían por ello importantes sumas de dinero, pagadas por los propietarios de los comercios.
Para dicho fin, la oficina de Operaciones de la Jefatura Departamental Conurbano Norte confeccionaría falsas órdenes de servicio, en las cuales se hace figurar que los policías deben recorrer las proximidades de los boliches. Sin embargo en realidad los efectivos no patrullarían las correspondientes zonas a bordo de los móviles, sino que quedarían afectados a la custodia específica de los diferentes establecimiento bailables.
Trascendió que los denunciantes señalaron ante los funcionarios judiciales que personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), vestido de civil, desarrolla tareas de vigilancia en el interior de los boliches, lo cual se encuentra completamente prohibido.
Además en la denuncia consta que el primer sábado de cada mes, los integrantes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recibirían dinero de los propietarios de los locales bailables, para no efectuar allanamientos en búsqueda de estupefacientes u otra clase de sustancias no permitidas, o bien para dar aviso, con suficiente anticipación, de los posibles operativos antinarcóticos implementados por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Los policías que hablaron con los pesquisas judiciales de esta situación recibieron amenazas de muerte. Por ejemplo, la esposa de uno de estos uniformados, residente en San Fernando, recibió llamados telefónicos intimidatorios. En una de esas comunicaciones, le indicaron a la mujer: “Decile a tu marido que pare la mano y que se calle la boca, porque es boleta”.
