Denuncian al Gobierno por la firma del DNU que declaró la emergencia en seguridad

Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la presentación la efectuó el abogado Eduardo Barcesat patrocinado por sus colegas Jorge Cholvis y Graziana Peñafort y alcanza, además, al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Defensa, Julio Martínez; el de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; del Interior, Rogelio Frigerio y de Seguridad, Patricia Bullrich.
 El artículo de la Carta Magna citado por Barcesat establece que «el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna».
 «Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria» señala en su último párrafo el artículo 29 de la Constitución.
 La causa quedó radicada en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo, bajo el número de expediente 946/16.
En una presentación de seis carillas, a la que Télam tuvo acceso, Barcesat estimó que «por hallarse reunidos los requisitos del artículo 294 del Código Procesal Penal», la justicia deberá citar «a prestar declaración indagatoria a los denunciados, disponiendo su procesamiento en orden a las figuras delictivas reprochadas».
 En la denuncia se recuerda que «el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo», al tiempo que añade que «no puede dubitarse que se trata de materia penal. Basta con leer los supuestos penales a los que se aplican las disposiciones de la emergencia…Para comprender la dimensión de la  transgresión y quiebre de la prohibición constitucional».
 «A mayor abundamiento, nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley. Si no se ha obrado por la vía constitucional es a sabiendas que un cuerpo normativo del juez del introducido por este DNU difícilmente resistiría el control de inconstitucionalidad que debe ejercer, en primer término, quien tiene la competencia constitucional para emitir la norma».
En esa línea añade que «se trata, como en toda la catarata de DNU emitidos desde el inicio del actual Gobierno Nacional, de sortear la intervención del Poder Legislativo –primer poder del Gobierno Federal que regula la Constitución Nacional-, estableciendo un mecanismo autoritario y una política de ‘hechos consumados’ para cuando se inicie el período de  sesiones ordinarias del Congreso de la Nación».
 El letrado también alude al anunciado «derribo de ‘vectores incursores declarados hostiles'» del DNU 228/2016 y sostiene que «introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte; de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario. Ello, en clara  violación del texto constitucional y de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y de la Convención Americana de Derechos Humanos».
 El letrado se pregunta «si los autores y partícipes penalmente responsables de este verdadero engendro normativo no conocen el texto claro e indiscutible de la prohibición constitucional o si sabiéndolo piensan que el Presidente de la Nación y su Gabinete de Ministros se encuentran por sobre la previsión constitucional, presupuesto este por el que todos los habitantes quedaríamos sujetos a la voluntad omnímoda de quien ejerce dicho poder, incontrolado e incontrolable».

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