La reciente presentación judicial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y diversos organismos de derechos humanos abre una profunda discusión social y jurídica: ¿Es el endurecimiento de las penas la solución al delito o un camino directo al colapso del sistema y la vulneración de las infancias?
La controversia en torno a la reforma del Régimen Penal Juvenil sumó su capítulo más tenso tras la presentación de una acción colectiva que exige declarar la inconstitucionalidad de la norma. El planteo judicial, impulsado por defensores públicos y respaldado por un amplio arco de organizaciones sociales y sindicales, instaló un debate urgente en la agenda pública sobre los límites del castigo estatal a los menores de edad.
Por un lado, quienes defienden la aplicación de la nueva ley sostienen la necesidad de actualizar un marco normativo desfasado, argumentando que el Estado debe dar una respuesta firme ante los hechos delictivos cometidos por adolescentes y garantizar la seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva, se busca equiparar responsabilidades y terminar con la sensación de impunidad en delitos graves.
Por el otro, los organismos de derechos humanos advierten que la ley recurre a un «facilismo pragmático» y populismo punitivo que contradice los tratados internacionales. Referentes históricos afirman que la norma quiebra principios fundamentales como la progresividad, la no regresividad y la Convención sobre los Derechos del Niño, criminalizando la pobreza en lugar de ofrecer políticas de inclusión.
