La justicia electoral sancionó a doce presidentes de mesa que faltaron sin justificación

La justicia electoral procesó a 49 porteños que faltaron sin justificación en las últimas elecciones presidenciales, y ya sancionó a doce de ellos, que deberán trabajar gratis en todos los comicios de los próximos dos años.

Estos son los primeros resultados de una investigación gigantesca abierta en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. En 2008 se iniciaron más de 900 expedientes -600, delegados en la fiscalía electoral de Jorge Di Lello-, se citó a declarar a 322 ausentes y se fijaron audiencias para seguir interrogando acusados hasta abril del año próximo, informó hoy el diario La Nación.

La pena que prevé la ley para quienes no justifiquen su falta es de seis meses a dos años de prisión, pero la jueza aceptó concederles a los primeros procesados una probation, es decir, la suspensión de sus juicios a prueba. Si cumplen con el compromiso de ser autoridades de mesa en todos los comicios que haya en la Capital Federal hasta 2010, no irán a la cárcel.

La mayoría deberá, además, donar el equivalente de lo que les hubiera pagado el Estado por esa tarea (hoy son 60 pesos) a la entidad de bien público que elijan.

"No fui porque no tenía el documento. Después me citaron del juzgado, me llevaron con la jueza y me dijeron que podía estar detenido dos años. La verdad es que me asusté bastante, no me imaginé que me podía pasar esto… Si nunca pasaba nada", dijo Facundo Omil, de 28 años.

La decisión respondió a que el año pasado las ausencias de los porteños llamados para ser autoridades fueron récord y hubo que hacer malabares para abrir las 5017 mesas de votación.

En total, se enviaron casi 40.000 citaciones para intentar reunir menos de 6000 personas. Y aun así no fue suficiente. A último momento, hubo que recurrir a más de 1000 empleados de Tribunales y, de todos modos, costó constituir las mesas.

Lo mismo pasó en casi todas las ciudades grandes de las provincias y la justicia de cada distrito inventó métodos alternativos para reclutar a las autoridades.

Ante esta situación, la Cámara Nacional Electoral, tribunal superior de los comicios, acaba de tomar una decisión: la próxima vez se convocará a voluntarios.

"La idea de abrir estas causas no es que la gente termine en la cárcel, sino que tome conciencia de que hay que cumplir", explicaron en el juzgado.

Por eso, el criterio de Servini para analizar las excusaciones es estricto. Si alguien alega que estaba enfermo, por ejemplo, debe presentar una constancia de un establecimiento público. No bastará con la de su médico particular. Y si resulta que el certificado consigna información falsa, el profesional que lo haya firmado será investigado penalmente por eso, según explicaron.

De todos modos, en lo que va del año se cerraron 240 causas contra autoridades de mesa, cuyas ausencias no les son atribuibles.

En la mayoría de los casos se trata de gente que acreditó que no la citaron debidamente y que no se enteró de que debía presentarse. Algunos, porque estaban fuera del país; otros, porque fueron mal notificados. Un error típico es que la policía no deje constancia sobre a quién le entregó la comunicación.

(Télam)

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