Lo hizo a través de una resolución de su Consejo Superior y fue solicitado por las asociaciones y gremios que forman parte de la comunidad universitaria. Hace hincapié en la grave situación financiera de las casas de altos estudios, la falta de becas y la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.
Mediante una resolución de su Consejo Superior, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) se declaró en estado de alerta y movilización permanente, con el objetivo de “favorecer y difundir acciones tendientes a la articulación, la solidaridad y la toma de conciencia de toda la comunidad educativa sobre la situación actual del sistema universitario”. A su vez, expresa su solidaridad con las universidades nacionales “cuyo funcionamiento peligra ante la gravedad presupuestaria en que se encuentran por responsabilidad del Gobierno nacional”.
Entre los considerandos de la decisión, se resalta que la declaración fue solicitada al Consejo Superior por parte de los gremios y asociaciones que forman parte de la comunidad universitaria de la UNLa: la Asociación de Docentes Investigadores de la UNLa (ADUNLa), la Asociación de Trabajadores de la UNLa (ATUNLa), la Asociación de Graduados de la UNLa (AGUNLa) y la Federación Universitaria de Lanús (FUNLa).
En otras partes del texto, subraya que desde el año 2016 se ha iniciado una campaña nacional de “desprestigio mediático” a las universidades públicas, en general, “y a las de radicación en el conurbano en particular”.
En ese contexto, también se hace alusión a “la persecución judicial de los rectores y rectoras y la irrupción de diversas fuerzas de seguridad sin permiso judicial atentan contra los principios de autonomía del sistema universitario e intentan disciplinar el despliegue de un pensamiento crítico”.
Volviendo al tema económico, la resolución Nº 115/18 hace hincapié en que, si bien los presupuestos universitarios aumentaron nominalmente (correspondientes a 2016, 2017 y 2017), han sido insuficientes ante el aumento de tarifas de servicios esenciales para el normal funcionamiento. Y que el derecho a la educación “de nuestros estudiantes se ha visto vulnerado a partir de becas y de programas nacionales que alentaban el ingreso, la permanencia y la graduación”.
En relación a los docentes, recuerda que han iniciado el segundo semestre con un paro nacional de 48 horas, motivados por la falta de respuesta del Gobierno Nacional. “Como consecuencia, la propuesta presentada por las autoridades nacionales ha resultado indamisible, lo que supone la continuidad de los reclamos”.
Finalmente, el texto da cuenta de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores no docentes desde 2015, ya que pese a haber acordado paritarias, por ejemplo, la inflación proyectada para este año se ubicará en torno al 35%.
