¿Puede esto achacarse a la presencia de siniestros haraganes, okupas o algo similar? ¿No está dentro de la lógica que en medio de una crisis como la que vivimos, los planes de viviendas populares sean una salida para el propio país? Parece no ser así, “Kirchner le dio $250 millones para obras a Darío” (La Defensa 14/1/09) pero no hay un indicio de que ese dinero se utilice a favor de viviendas populares. El propio Intendente ha señalado por FM Espacio que “en Lanús no hay más espacio para construir”, pero los 300 edificios que se construyeron en poco tiempo sólo alimentaron la especulación. DDP intenta desalentar los reclamos, reservándose el derecho a convertir a Lanús en mesa de negocios inmobiliarios. Lo que motoriza las ocupaciones es el hacer justicia por mano propia, ya que los “representantes del pueblo” están para votar las obligaciones populares pero no para solucionarle al soberano los derechos elementales.
El Programa Federal de Construcción de Viviendas arrancó el 21/7/04 en la Casa Rosada. Kirchner anunció la construcción de 120 mil casas para todo el país, en el plazo de doce meses y a un costo de $ 3.900.000 y se ufanó “Vamos a batir récords de obra pública”, luego Devido dijo que generaría 360 mil puestos de trabajo, que se utilizarían miles y miles de tn de hierro y que se terminarían en 12 meses. En 2005 se anunciaron 300 mil casas más.
El fracaso de los planes de viviendas populares (casas K) es lapidario: de las 120.000 viviendas anunciadas en 2004 se hicieron 58.735 en todo el país, 48,9%. De las 300.000 viviendas anunciadas en 2005 hasta abril de 2008 se habían construido 3.398, lo que representa un 1,13% de lo anunciado. Las construidas fueron denunciadas en todo el país por la mala calidad de su construcción, el negociado de las constructoras amigas, la insuficiencia de espacio y confort para ser consideradas habitables por seres humanos.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que inspeccionó los programas federales en 2006 señaló: “Mal diseño de la carpintería en las viviendas. Deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores. Deficiente diseño funcional de futuras ampliaciones. Desprolijidades en la ejecución de la mampostería. Humedades con salitre. Revoques con ondulaciones excesivas”.
La Sindicatura General de la Nación en 2007 señaló: “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”. “Se detectaron –sigue la SIGEN– incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados”. Al desastre se suma el saqueo “Del análisis de los anticipos financieros ya pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras (SIGEN). “En PBA, donde el costo por vivienda es de $30.000 y el del m2 vale $681,82, a las casas K se las factura $48.493 y $1.102 por m2. (Crítica 6/7/08)
Pero el desenmascaramiento total del déficit habitacional nacional es la ocupación por 5.000 familias, según censo del Asentamiento 17 de noviembre, en Lomas de Zamora. En este caso primó la experiencia transmitida por los mayores de cómo ocupando los terrenos vacíos fue poblado y civilizado Ingeniero Budge.
Después del último piquete del 7/1/09 que efectuaron familias de ese asentamiento en Camino Negro y Canadá (Ingeniero Budge), quienes cortaron para evitar un desalojo previsto para el 15 de enero, el secretario de Gobierno de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se reunió con una Comisión de delegados de los vecinos y aseguró que la Comuna espera que la Provincia defina la compra de las tierras para realizar luego un “fuerte trabajo de urbanización”.
60 días después de la ocupación del predio por más de 25.000 personas, los negocios, el verso y la incapacidad del funcionariado se combinan. El municipio, la gobernación y el gobierno de la Nación les están dando una más que insuficiente atención médica a través de sólo 2 salitas de primeros auxilios y un trailer sanitario. El basural ocupado tiene más de 110 hectáreas que han sido delimitadas por los vecinos en 96 manzanas, que en general han elegido sus delegados.
Estas tierras abandonadas ahora tienen un “dueño” quien durante décadas no produjo mejoras y permitió que se convirtieran en un basural a cielo abierto. “Por eso el Gobierno de Provincia” dijo Insaurralde “está negociando por el predio” y “los tres poderes del Estado están trabajando en la organización necesaria que deben darse los vecinos para afrontar está urbanización”. En verdad, hacer llegar el agua, la luz y alimentos no ha sido una política oficial sino que fue la lucha y los reclamos enérgicos los que provocaron la asistencia a cuenta gotas de lo elemental. La gobernación apura cerrar el paquete de la expropiación pagando según Rubén Opel, director de Regularización de tierras de provincia, “los valores del mercado” pero surge que el “dueño” maneja otros valores y tiene otras pretensiones por lo que la negociación puede trabarse.
El corte arrancó un compromiso escrito de los funcionarios municipales, pero el desalojo no ha sido desechado en las esferas judiciales y aunque Opel asegure “hemos pedido una prórroga”, los vecinos siguen atentos y en pie de lucha.
Para resolver el problema de la vivienda en todo el país, urge parar la fuga de capitales y nacionalizar sin compensación la banca. Que los trabajadores ejerzan el control de cambios. Colocando el crédito y los recursos en las perspectivas de una Plan Nacional de Obras Públicas para resolver los problemas populares como la construcción de 2.500.000 de viviendas que termine con el déficit habitacional y el transporte (ampliando y mejorando la red Ferroviaria), junto a la construcción de nuevas rutas, abriendo miles de fuentes de trabajo.