La oposición acusó al intendente camporista de montar un mecanismo ilegal de radares sin homologación con el único fin de financiar la caja política de su espacio.
La gestión del intendente de Lanús, Julián Álvarez, quedó en el ojo de la tormenta tras una serie de duras denuncias presentadas por bloques de la oposición. Concejales y legisladores provinciales, con especial énfasis desde las filas de La Libertad Avanza (LLA), pusieron bajo la lupa el sistema local de fotomultas, al que calificaron de «ilegal» y de funcionar como un «curro recaudatorio» destinado a sostener la estructura de militancia oficialista.
La oposición acusó al intendente camporista de montar un mecanismo ilegal de radares sin homologación con el único fin de financiar la caja política de su espacio.
La gestión del intendente de Lanús, Julián Álvarez, quedó en el ojo de la tormenta tras una serie de duras denuncias presentadas por bloques de la oposición. Concejales y legisladores provinciales, con especial énfasis desde las filas de La Libertad Avanza (LLA), pusieron bajo la lupa el sistema local de fotomultas, al que calificaron de «ilegal» y de funcionar como un «curro recaudatorio» destinado a sostener la estructura de militancia oficialista.
Fotomultas bajo sospecha: ¿Prevención o caja política?
El eje del conflicto radica en la instalación y el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos de fotomultas en el distrito. De acuerdo con las presentaciones opositoras, el esquema carece de los requisitos básicos que exige la normativa de la provincia de Buenos Aires.
Entre las principales irregularidades señaladas por los denunciantes se destacan:
- Falta de homologación: Los dispositivos de fotomultas no contarían con las certificaciones legales correspondientes para operar y labrar infracciones.
- Ausencia de señalización: Las cámaras operan de forma «oculta» debido a la falta de cartelería obligatoria que advierta a los conductores, lo que elimina cualquier fin preventivo de seguridad vial.
- Convenios bajo la lupa: Se cuestionan acuerdos con entidades externas, como la Universidad Nacional de La Matanza, sospechados de ser utilizados para triangular y desviar recursos millonarios que deberían ingresar al municipio.
Cuentas en rojo: Gastos en festivales y patrulleros sin nafta
Las denuncias por el negocio de las fotomultas se sumaron al tenso clima político que dejó el debate por la Rendición de Cuentas del municipio. Desde la oposición criticaron con dureza las prioridades financieras de Álvarez, señalando un alarmante contraste entre las necesidades del vecino y el gasto público del Ejecutivo.
La polémica sumó datos concretos en el Concejo Deliberante:
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- Gastos millonarios en eventos: La gestión destinó cerca de 4 000 millones de pesos en festivales y actividades recreativas en un distrito con graves deficiencias de baches, luminarias y redes de cloacas.
- Alerta del Tribunal de Cuentas: El organismo bonaerense formuló observaciones por irregularidades superiores a los 52 millones de pesos vinculadas al combustible de patrulleros y móviles oficiales, un área sensible ante el reclamo constante por la inseguridad en los barrios de Lanús.
El conflicto promete escalar tanto en el plano legislativo local como en los tribunales provinciales, mientras los bloques opositores exigen informes detallados y el cese inmediato de los radares no autorizados que afectan el bolsillo de los ciudadanos.
