En una resolución que sacude el tablero político local, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó severas multas y formuló cargos contra la administración municipal de Lanús tras detectar graves inconsistencias en el manejo de fondos destinados a la carga de combustible de la flota oficial.
Según los informes emitidos en abril de 2026, la auditoría reveló la falta de trazabilidad en el gasto de nafta para patrulleros y vehículos municipales. Entre los puntos más críticos señalados por el organismo se encuentran pagos millonarios realizados sin la correspondiente orden de compra y un deficiente registro de uso que impide verificar si el insumo fue efectivamente utilizado para las tareas de prevención del delito.
Si bien la Secretaría de Seguridad ha sido el foco de las críticas vecinales por la falta de patrullaje en los barrios, el fallo administrativo recae sobre la figura del intendente Julián Álvarez como máximo responsable de la ejecución presupuestaria. La sanción surge en un clima de alta tensión, mientras la oposición local redobla los pedidos de interpelación para que los funcionarios expliquen por qué, pese a la inversión declarada, los móviles policiales no se ven en las calles.
