El ex general Luciano Benjamín Menéndez pasó su primera noche de detención en una celda de la penitenciaría local de Bouwer, junto a los otros siete represores, luego de la condena ’perpetua y cárcel’ común dictada ayer por los delitos de secuestros, torturas y muertes de cuatro jóvenes militantes políticos en 1977.
Los condenados fueron alojados en un pabellón que está destinado a penados de las fuerzas de seguridad y, según fuentes de la institución carcelaria, anoche tuvieron su primera cena de un menú que se lo denomina ’puchero chico’ que consiste en un caldo con trozos de carne y verduras.
El general Menéndez (81 años); el suboficial principal Luis Manzanelli (69); el suboficial mayor Carlos Díaz (61); el suboficial mayor Oreste Padován (61) y el agente civil de inteligencia Ricardo Lardone (65), recibieron la condena perpetua por los delitos de ’privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio’, todos calificados y en concurso real.
El suboficial principal Carlos Vega (79) fue sentenciado a 18 años, en tanto que el coronel Hermes Rodríguez (75) y el capitán Jorge Acosta (62) recibieron pena de 22 años y en los tres casos por la ’privación ilegítima de la libertad y tormentos’, ya que ninguno fue imputado por el homicidio.
Las víctimas eran cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): Humberto Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, quines fueron secuestrados entre el 6 y 8 de noviembre de 1977 y el 15 de diciembre de ese mismo año fueron fusilados en un simulacro de enfrentamiento en la capital de Córdoba.
Adriano Liva, defensor oficial junto a Mercedes Crespi de Menéndez y seis de los otros siete condenados, manifestó a Télam que "hasta que no se conozcan los fundamentos de la sentencia para plantear la casación, lamentablemente no podemos hacer nada".
No obstante el letrado sostuvo que existe preocupación por el "delicado estado de salud de Vega y Lardone", ambos padecen cáncer y necesitan "vigilancia y atención médica permanente", y esa situación debe ser "contemplada porque sino estaríamos ante un caso de pena de muerte encubierta", advirtió.
En ese sentido, anticipó que se va a "exigir" el cumplimiento del artículo 33 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El artículo dice que "el condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria".
Por otra parte el abogado Jorge Agüero, uno de los defensores particulares de Acosta, destacó en diálogo con Télam que su defendido "no va a pedir ningún tratamiento carcelario especial.
Se va a adaptar a las condiciones como cualquier preso común".
Con respecto a la sentencia condenatoria para Acosta, el letrado calificó como "arbitraria" y que "responde a presiones sociales y políticas, pero de ninguna manera ajustada a derecho".
El co-fiscal Fabián Asis valoró como una "sentencia justa" la que aplicó el tribunal de enjuiciamiento, porque "se condice con las pruebas testimoniales y documentales que surgieron en el debate".
Con respecto al régimen penitenciario el funcionario judicial dijo a Télam que "hasta ahora venían con el privilegio de no estar en cárceles comunes, por lo tanto la decisión de los jueces fue la correcta", destacó.
