La medida, que empezará a regir desde el 1 de enero, da por finalizados los contratos de los trabajadores en edad de jubilarse contratados bajo el decreto 948/2005 y la resolución 959/2007.
Además, establece que a esos trabajadores mayores se les otorgue un subsidio de 300 pesos a fin que puedan ajustarse a una moratoria para regularizar su situación en lo referido a los años necesarios de aporte para su retiro.
Esteban Massari, uno de los trabajadores afectados, dijo a Télam que «este gobierno nos está dejando en la calle y sin trabajo a través de despidos encubiertos».
La idea de cesar el vínculo laboral de los empleados mayores trascendió a inicios de octubre pasado, cuando a través de la dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, se obligó a las reparticiones a proceder a la rescisión de los contratados.
Esta decisión generó una ola de críticas y derivó en la marcha atrás de la polémica medida.
Sin embargo, en esa oportunidad los empleados presentaron un recurso de amparo ante la Justicia, que recayó en el juzgado de Roberto Gallardo, a fin de frenar los despidos.
Según precisó Massari, este pedido de amparo fue ratificado esta semana por los trabajadores implicados y consiguieron que el magistrado se expida a favor al indicar que la medida era «discriminatoria y autoritaria».
(Télam)