| Jueves 28.03.2024

UNIVERSIDADES DE TODO EL PAIS EXPRESARON APOYO A LEY

Este apoyo quedó plasmado en una resolución aprobada por unanimidad al finalizar el 62 plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la ciudad cordobesa de Villa María.
En este sentido, se expresó el vicerrector del CIN y también rector de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba), Martín Gill, que dijo a Télam que la nueva ley es «indispensable» porque la vigente «se encuentra viciada desde su origen por ser de la dictadura militar».
«Las universidades siempre han abogado por una nueva ley reguladora de medios», dijo Gill.
En la misma línea se expresó el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, también integrante del CIN, que dijo que la nueva ley es «un gesto de coherencia» con lo que vienen haciendo las universidades, de abrir sus puertas para «reflexionar, discutir y debatir» esta ley.
«Por lo que las universidades vivieron durante la dictadura son concientes de que es insostenible una ley de medios como la que existe. La necesidad de una ley es impostergable y va más allá de las diferencias, incluso políticas, que puedan tener», dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, ratificó esta postura y consideró la necesidad de su sanción «sin modificaciones en el Senado», teniendo en cuenta que es una ley que lleva «26 años de tratamiento».
En diálogo con Télam, asumió que toda ley es «perfectible», como cualquier acto humano, y que en un futuro se «pueden perfeccionar algunos aspectos», pero dejó claro que en todo caso «es mejor que la que tenemos, que es de la dictadura».
Caballero señaló también el sentido «federalista» de esta ley y señaló que «ninguno de los canales de televisión disponibles en las localidades del interior del país informan sobre el clima local, sino que lo que se da es el clima en Buenos Aires».
En tanto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, destacó la «amplitud de voces» y las menores posibilidades de «situaciones monopólicas» que permite esta ley, y se preguntó «si los políticos de la oposición que se oponen se dan cuenta que alguna vez pueden ser gobierno y que los monopolios lo que hacen es «fijar la agenda política», en vez de que lo hagan los políticos democráticamente elegidos por el pueblo.
Lozano se refirió también a los condicionamientos financieros que pueden tener algunas organizaciones sociales a la hora de tener un espacio de radiodifusión, y explicó que pueden paliarse con «exenciones impositivas» y «mecanismos de financiación externos».
Dejó claro que «el epíteto que intentan adjudicar hoy a la ley, calificándola como Ley K a modo de insulto, en años futuros será vista como un orgullo y seguramente la oposición dirá que se trató de una ley votada por ellos y no una ley K, como dicen ahora en forma peyorativa».
En tanto, el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró su apoyo al proyecto oficial, al resaltar que es el producto de «la movilización, perseverancia y madurez de amplios sectores de la sociedad» que «aportaron a la construcción del proyecto de ley».
En el escrito reivindican las mejoras al proyecto logradas en los foros, las audiencias públicas y el trabajo en comisión de la Cámara de Diputados.
APOYO DE LA FACULTAD DE SOCIALES DE LA UBA A LA LEY DE MEDIOS 
El consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró hoy su apoyo al proyecto oficial de comunicación audiovisual.
La declaración surgió luego de un pedido de los consejeros estudiantiles de la Agrupación La Vallese, Gabriel Padín y Soledad Palomino, se informó en un comunicado.
La resolución aprobada, difundida hoy, resalta que el proyecto es el producto de «la movilización, perseverancia y madurez de amplios sectores de la sociedad» que «aportaron a la construcción del proyecto de ley».
En el escrito reivindican las mejoras al proyecto logradas en los foros, las audiencias públicas y el trabajo en comisión de la Cámara de Diputados.
Entre las razones esgrimidas para apoyar el proyecto se planteó que «derogar el decreto ley 22.285 y aprobar una ley de servicios de comunicación audiovisual que conciba la información como un derecho humano es una deuda de la democracia desde el 10 de diciembre de 1983 cuando se recuperó el estado de derecho».


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