La Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM), en su rol como Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, impuls\u00f3 una denuncia y present\u00f3 un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Familia N\u00b0 4 de Avellaneda-Lan\u00fas, a ra\u00edz de las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por las personas internadas en la Cl\u00ednica San Jorge.<\/p>\n
Durante el relevamiento realizado por el organismo, se verificaron m\u00faltiples pr\u00e1cticas constitutivas de tortura y malos tratos: episodios de violencia f\u00edsica, administraci\u00f3n irregular de medicaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de sujeciones mec\u00e1nicas de car\u00e1cter gravoso, y condiciones edilicias severas que compromet\u00edan la seguridad y el bienestar de los pacientes, entre otras situaciones cr\u00edticas. La jueza Lourdes Alonso de Santiago dio curso a la presentaci\u00f3n judicial y dispuso una serie de medidas orientadas a garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas alojadas en la instituci\u00f3n.<\/p>\n
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Tras recibir denuncias por malos tratos y abuso sexual en la Cl\u00ednica San Jorge de Lan\u00fas \u2014dos por cada tipo de hecho\u2014, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM) llev\u00f3 a cabo un monitoreo en el establecimiento. El operativo fue realizado por un equipo interdisciplinario de los programas de Salud Mental y Ni\u00f1ez, dado que el lugar alberga a m\u00e1s de cien personas, entre hombres y mujeres, y posee un \u00e1rea de internaci\u00f3n destinada a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n
Durante la inspecci\u00f3n, se constataron graves vulneraciones a los derechos humanos, especialmente en los sectores de admisi\u00f3n. El recorrido por las instalaciones y las entrevistas con autoridades y personas internadas revelaron una serie de situaciones alarmantes, lo que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Familia N\u00b0 4 de Avellaneda.<\/p>\n
El escrito judicial detalla m\u00faltiples irregularidades: pr\u00e1cticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes \u2014incluyendo violencia sexual\u2014, uso excesivo de sujeciones mec\u00e1nicas, administraci\u00f3n desordenada de medicaci\u00f3n, escasez de personal para atender adecuadamente a los pacientes (muchos de ellos con necesidades de apoyo para su higiene, movilidad y alimentaci\u00f3n), condiciones edilicias deficientes y peligrosas (presencia de humedad, falta de luz y ventilaci\u00f3n natural, extintores vencidos, materiales inflamables), y la falta de intervenci\u00f3n judicial ante cuatro fallecimientos ocurridos en el establecimiento.
\nDurante las entrevistas, surgieron relatos que confirmaban hechos de violencia f\u00edsica por parte del personal de enfermer\u00eda, en l\u00ednea con las denuncias previas recibidas por la CPM. Adem\u00e1s, se conoci\u00f3 un nuevo caso de abuso sexual relatado por una mujer internada, lo que deriv\u00f3 en una denuncia penal ante la UFI N\u00b0 8, especializada en delitos contra la integridad sexual.
\nDe los casos ya identificados, tres estaban judicializados. El director de la cl\u00ednica reconoci\u00f3 que algunos hechos fueron registrados por las c\u00e1maras de seguridad y que ese material fue entregado al asesor legal de la instituci\u00f3n para evaluar posibles medidas administrativas contra el personal involucrado.<\/p>\n
No obstante, al momento de la inspecci\u00f3n, las autoridades a\u00fan no hab\u00edan presentado ese material audiovisual en el marco de la causa penal correspondiente. Aunque dos trabajadores acusados de abuso sexual fueron desvinculados, no se hab\u00edan tomado medidas respecto al personal implicado en hechos de violencia f\u00edsica, quienes segu\u00edan cumpliendo funciones. El director justific\u00f3 esta inacci\u00f3n alegando que cualquier decisi\u00f3n administrativa podr\u00eda derivar en demandas laborales o sindicales.<\/p>\n
A ra\u00edz de la presentaci\u00f3n de la CPM, la jueza Alonso de Santiago dict\u00f3 medidas cautelares: orden\u00f3 la intervenci\u00f3n de la fiscal\u00eda por los fallecimientos no informados, exigi\u00f3 la regularizaci\u00f3n de los elementos de seguridad contra incendios, y emiti\u00f3 diversas notificaciones a organismos con competencia en el caso.<\/p>\n
Posteriormente, la magistrada se present\u00f3 en la cl\u00ednica, entrevist\u00f3 a autoridades y pacientes, y corrobor\u00f3 lo denunciado por la CPM. \u201cHabr\u00eda existido una conducta sistem\u00e1tica por parte del personal de enfermer\u00eda que vulner\u00f3 los derechos humanos m\u00e1s b\u00e1sicos de los pacientes, incluyendo malos tratos y abusos sexuales\u201d, afirm\u00f3 Alonso.
\nEn una resoluci\u00f3n posterior, la jueza profundiz\u00f3 las medidas y orden\u00f3 al director de la cl\u00ednica que separe de su cargo al enfermero denunciado en las causas penales vigentes, con el objetivo de proteger la integridad de los pacientes. Tambi\u00e9n exigi\u00f3 la entrega de cualquier registro fotogr\u00e1fico o f\u00edlmico vinculado a los hechos denunciados, y dispuso que todo el personal de enfermer\u00eda reciba y acredite formaci\u00f3n espec\u00edfica en salud mental y derechos humanos.<\/p>\n
Finalmente, la CPM, en su rol de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura (MLPT), realiz\u00f3 presentaciones judiciales en el marco de las denuncias penales, aportando informaci\u00f3n relevada, contextualizando institucionalmente los hechos y solicitando medidas de prueba espec\u00edficas para cada caso.
\nSituaciones como esta evidencian la urgente necesidad de reforzar los controles sobre las instituciones de salud mental del sector privado, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud como autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley Nacional de Salud Mental.<\/p>\n
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