El procedimiento determinará si corresponde removerla del cargo, según la acusación de mal desempeño que elevó el fiscal adjunto del Ministerio Público, José Luis Gómez Démela.
Según informó un vocero judicial, el fiscal adjunto detectó que en los primeros 16 días de noviembre de 2009, Romero se “excedió en las atribuciones legales que corresponden a su función”.
Dedujo que la jueza habría recibido “de un número indeterminado de vecinos de la zona donde ejerce su cargo, en el lugar donde prestaba habitualmente servicios y en un local privado, documentación para realizar a favor de tales personas el trámite para la obtención de la Asignación Universal por Hijo ante la delegación de Anses" de la ciudad de San Francisco.
De acuerdo con la acusación, la jueza de paz habría “exigido indebidamente, a cambio de su gestión, una contraprestación” y habría retenido “parte de la documentación proporcionada por dichas personas, como forma de garantizar el efectivo pago de lo exigido”.
No obstante, según el fiscal adjunto, la magistrada no logró su propósito al enterarse de lo sucedido el personal de la ANSES.
La Constitución de Córdoba admite la remoción de jueces de paz por el TSJ por mal desempeño y otras causales enumeradas en su artículo 154.
