El intendente camporista rechaza el desembarco de un dispositivo oficial en el distrito más densamente poblado del Conurbano. El trasfondo de las auditorías a los centros manejados por organizaciones sociales.
En un escenario de creciente vulnerabilidad social en el Gran Buenos Aires, la gestión de Julián Álvarez en Lanús quedó en el centro de la polémica tras frenar la instalación de un nuevo centro de atención de consumos problemáticos dependiente de la Nación. Según confirmaron fuentes oficiales, el SEDRONAR tiene diseñada la apertura de una sede propia en el municipio para fortalecer la respuesta ante el avance del narcotráfico y las adicciones, pero la iniciativa se encuentra paralizada –indicaron fuentes locales– por decisión del jefe comunal de La Cámpora.
La postura de Álvarez representa un obstáculo logístico en una zona de alta prioridad sanitaria. Lanús, por su densidad poblacional y su ubicación como nexo entre Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes, es considerado un «punto estratégico» para la red de asistencia nacional. Para las autoridades del organismo nacional, la resistencia municipal impide que el Estado llegue de forma directa a miles de jóvenes que hoy no cuentan con dispositivos de contención institucional en el territorio.
Un esquema en revisión
El conflicto con el intendente se produce en paralelo a un proceso de ordenamiento de los recursos públicos destinados a la asistencia social. El SEDRONAR avanzó en los últimos meses con auditorías técnicas sobre los dispositivos que operaban históricamente en Lanús a través de convenios con agrupaciones políticas, detectando fallas que derivaron en la interrupción de fondos.
En este marco, se dio de baja el convenio con la organización Casa Pueblo, vinculada al Movimiento Evita, que operaba en Villa Caraza. La decisión se tomó tras procesos de supervisión territorial que arrojaron «irregularidades» en el manejo del dispositivo. De esta manera, Nación cortó el flujo de recursos a una estructura que funcionaba de forma tercerizada.
Asimismo, otros centros que dependen de movimientos sociales se encuentran bajo la lupa. La sede «Nuevo Comienzo» de Vientos de Libertad, vinculada al MTE de Juan Grabois, y el espacio «Puentes Lanús» de la organización Nuestra América, están actualmente atravesando procesos de auditoría para determinar su continuidad o cese de financiamiento.
La apuesta por la institucionalidad
Frente a la caída de los convenios con las organizaciones, la intención del Gobierno nacional es suplantar esos espacios con centros oficiales y transparentes que no dependan de la intermediación de la militancia territorial. Sin embargo, es allí donde aparece el «muro» de Julián Álvarez, quien prefiere no ceder espacio físico ni institucional a la administración nacional en su distrito.
Actualmente, el único dispositivo que mantiene una operación estable y sin cuestionamientos técnicos en la zona es el que funciona en convenio con la Fundación PUPI. Este Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) centraliza su actividad en Remedios de Escalada y cuenta con anexos en los barrios El Pueblito, Parque Piñeiro y El Ceibo.
Mientras la gestión municipal mantiene el bloqueo a la llegada del centro nacional, la situación en los barrios de Lanús sigue siendo crítica. La falta de articulación entre el municipio y la Nación amenaza con dejar un vacío de atención en un distrito donde el consumo de sustancias no da tregua y requiere, de manera urgente, una respuesta institucional coordinada que supere las diferencias partidarias.
Fuente: https://seccionpais.com/
