Por Roberto Bertossi**
El caos de nuestros servicios para la aeronavegación con sus secuelas internas y externas es otra irracionalidad más en una perspectiva apropiada para la eficiente administración, otra economía eficaz y el derecho de los usuarios y consumidores de tales servicios.
No obstante rimbombantes superávit, persisten emergencias de hecho en sectores de `interés general´ como de `servicios públicos´ no solo en materia de transportes (aéreos, ferroviarios, viales, etc.) sino aquellos esenciales como el agua potable, energías, gas, redes viales; ni que decir ante índices estructuralmente persistentes e inaceptables de pobreza, indigencia, trabajos indecentes y en negro.
Concretamente respecto al transporte aerocomercial argentino de pasajeros, el mismo entre nosotros esta subordinado a una pésima política de estado que rescató y privilegió (incuso por encima, cuenta y cargo de jubilados y pensionados) a la compañía de bandera (Aerolíneas Argentinas) con una reserva fáctica de mercado superior a la capacidad de gestión operativa de la empresa más toda ilusoria alternativa monopólica sobre vuelos internacionales y regionales.
La actual administración nacional no garantiza ni mínimamente un expreso derecho de supremacía constitucional para todos los consumidores y usuarios de servicios aéreos. En efecto en la relación de uso y consumo de servicios de aeronavegación comercial que incluyen protección de la salud, seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno; en todo eso reina y gobierna la más absoluta y bochornosa indefensión como resultado necesario de tanta incapacidad, nepotismos y desaprensión.
Las autoridades nacionales no proveen a la protección de esos derechos, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión del mercado aéreo, al control de los monopolios, al de la calidad y eficiencia ni a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
Peor aún, se reacredita concomitantemente una grave desidia y resistencia frente a la ley, tal el caso de la Nº 25.877 que en su `Capítulo III´ relacionado con eventuales “Conflictos Colectivos de Trabajo” en su articulo 24 establece explícita e imperativamente que, “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción -añadiendo en el párrafo inmediato posterior que-: Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.
Queda claro que ni el ejecutivo ni el legislativo ni la irritante `prudencia judicial´ han plasmado la manda del articulo 42 (ni la del segundo párrafo del articulo 43) de nuestra Constitución Nacional (CN.) cuando proclama: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos; y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control.
De tal manera el desaire y desamparo de intereses nacionales e internacionales por parte de politiquerías baratas lo invade todo de fastidio y hastío con altísimos costos actuales y futuros para el erario público, esto es una y otra vez: “Nos, los contribuyentes”.
Por ahora, conforme las coordenadas sociales, económicas y políticas a que aludimos con precedencia, continúan prevaleciendo estos distractos oprobiosos de `contratos sociales´ revelados por la indisponibilidad de transportes y energías regulares para las personas y las empresas –electricidad, gas, etcétera–; con demasiada conflictividad sindical (Mariano Ferreira) e inseguridad jurídica, sin clima para negocios por la inflación real, sin desarrollos y asimilaciones tecnoeducativas equitativas; claro, "con menos días de clase y más días de carnaval", etcétera.
Una gestión pública eficiente para la economía y los servicios argentinos ya no debe prescindir –constitucionalmente- de funcionarios y personal idóneos ni postergar más la utilización de las nuevas técnicas de información, dirección y gestión en el planteamiento y resolución de sus problemas que afectan a sus distintos subsistemas funcionales para recién poder encontrar nuestra metodología más apropiada que nos asegure la adopción racional de decisiones satisfactorias para el mediano y el largo plazos en materia de economía y de servicios, aspectos claves para toda actividad productiva como para alentar y mejorar inversiones y una redistribución genuina del ingreso que se logrará finalmente sólo con generación de empleo auténtico, con la `empleabilidad´ de los trabajadores y con programas federales diferenciados que tiendan a reequilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones rescatando así identidad, prestigio y argentinidad.
Por ahora –no se dude-, Aerolíneas Argentinas es apenas `un ganglio administrativo´ del cual, un veredicto de su biopsia final tiene en ascuas a demasiada buena gente desdeñando que ¡toda paciencia tiene su límite!
(*) Experto de la Coneau en economía civil solidaria, urbana y rural
**El autor es abogado y Miembro de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) Designado miembro del Consejo de Redacción del nuevo periódico digital español “La Hora de Mañana” (www.lahorade.es); Julio de 2010.
