La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizó hoy un informe de la primera reunión paritaria de la ley 10.430 (estatales) realizada el pasado jueves 27 de enero, donde «el estado provincial escuchó las demandas de todas las organizaciones sindicales, pero no realizó ninguna propuesta salarial».
«Desde CICOP planteamos la necesidad de que se convoque a la brevedad a las paritarias sectoriales, en especial la correspondiente a nuestra ley 10.471 (carrera profesional hospitalaria) para discutir salarios y condiciones laborales de los profesionales de la salud», agregaron.
«Durante la reunión expresamos nuestro enérgico reclamo de un justo reconocimiento a la tremenda situación de sobrecarga laboral y exposición al riesgo de contagio que padece nuestro sector desde que comenzó la pandemia, situación excepcional que no vivió ningún otro sector de trabajo y que debe ser contemplada en la propuesta salarial», argumentaron. «Nuestro objetivo es recomponer salarios que aún siguen estando muy por debajo de las necesidades que debemos afrontar para llegar a fin de mes y de lo necesario para avanzar contra el pluriempleo y la precarización laboral que hoy sufren la mayoría de los profesionales de la salud; también demandamos un mecanismo de actualización automático para compensar la pérdida salarial por inflación», explicaron desde CICOP.
Además, reclamaron «la continuidad de la mesa técnica sectorial para avanzar en el pase de ley de todos los profesionales que aún están encuadrados en la 10.430 y la ampliación del listado de profesiones que integran nuestra carrera hospitalaria; la resolución definitiva de nuestro régimen previsional con un reconocimiento adecuado de todos nuestros aportes previsionales, y la necesidad de continuar regularizando la situación laboral de muchos trabajadores que ingresaron bajo la figura de becarios durante la pandemia».
Por último, se refirieron al «principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el gobierno nacional, y que deberá ser aprobado por el Congreso», lo que «constituye un capítulo más de una larga historia de endeudamiento y estafa a nuestro país». Por ello, rechazan «la legitimación de una deuda fraudulenta que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en forma totalmente irregular, que ya se está pagando y que además no se reflejó en ninguna mejora en la calidad de vida de la población, sino todo lo contrario», por lo que «seguimos exigiendo que se investigue a fondo las condiciones en las que se generó esa deuda y el destino de los miles de millones de dólares que se fugaron del país».
