Medio centenar de martilleros públicos y corredores de la Provincia de Buenos Aires participaron este jueves de una extensa reunión plenaria en el Quincho de Vitalicios del Club Lanús. El encuentro fue convocado para analizar la situación legal de las franquicias que operan en el mercado inmobiliario y la reciente sentencia cautelar que impide a la multinacional Remax operar en el mercado de Avellaneda y Lanús.
La medida cautelar fue obtenida en los tribunales por tres asociaciones de martilleros de ese departamento judicial, y generó repercusión en la provincia de Buenos Aires e incluso a nivel nacional. Según se dijo en la reunión, el Colegio de Martilleros de Córdoba distribuyó la sentencia cautelar a todos sus matriculados para su estudio pormenorizado.
Entre los presentes hubo martilleros referentes de varios distritos, algunos de ellos de gran envergadura en el sector, como los de La Plata y la Capital Federal, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros. En la reunión se decidió replicar la presentación judicial en todos los departamentos judiciales de la provincia y trabajar para dar a conocer el marco de ilegalidad en el que operan las franquicias.
Lo llamativo es que apenas dos semanas después de dictarse la medida cautelar contra Remax, a la reunión con martilleros de toda la provincia faltaron los titulares de las dos Asociaciones locales -impulsoras iniciales de la demanda-, lo que sugiere que podrían estar sellando un arreglo extrajudicial con la multinacional a cambio de desistir de la demanda. Se trata de Carlos Alberto Petenatti y José Ángel Mataffo (presidentes de la Asociación de Martilleros de Lanús y de Avellaneda, respectivamente). Se supo que la compañía reaccionó velozmente buscando mitigar las dimensiones del conflicto, y esa sería la forma más efectiva de lograrlo.
Las franquicias, en la ilegalidad.
La ley provincial 10.973 estipula que no se puede franquiciar la profesión de los martilleros, por lo que en la práctica, el funcionamiento de Remax y otras franquicias como el Grupo Mega viola el régimen legal y perjudica especialmente a las inmobiliarias, un actividad tradicional para el sector de la pequeña y la mediana empresa. La mayor parte de las inmobiliarias no tiene más de 5 empleados, pero en todo el país son decenas de miles los martilleros y corredores matriculados y al frente de su propio emprendimiento.
Las franquicias vienen a funcionar bajo la firma y responsabilidad de un puñado de martilleros, en dimensiones a gran escala, y con cientos de empleados sin preparación profesional que salen a trabajar al mercado como «agentes inmobiliarios», tras una escasa capacitación comercial pero escasamente técnica. El rédito de la actividad no va a parar ni al sector de los martilleros ni a la economía local, sino a las cuentas de los colosos multinacionales.
