La adquisición de 50 nuevas camionetas destinadas a reforzar la seguridad en el municipio de Lanús quedó en el centro de una intensa disputa política. Concejales del bloque opositor presentaron denuncias públicas y formales por presuntos sobreprecios en la transacción, una operación oficial que demandó una inversión de 2.100 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Valores bajo la lupa y falta de transparencia
La concejal de La Libertad Avanza, Patricia Werenicz, lideró los cuestionamientos y aseguró que el Municipio comandado por Julián Álvarez podría haber adquirido los mismos vehículos «a casi la mitad del valor» de mercado actual. Según detalló la edil, la flota bajo sospecha está compuesta por:
- 30 camionetas Volkswagen Amarok.
- 20 vehículos Jeep Renegade.
Werenicz también advirtió sobre la falta de precisiones técnicas y administrativas en la documentación oficial, criticando que el expediente de la licitación carece de detalles clave sobre el destino final de los rodados y las características específicas de la contratación.
Cuestionamientos a la operatividad y la gestión
Más allá del impacto económico, la oposición puso en duda la efectividad real de la medida para combatir el delito en el distrito. La concejal libertaria explicó que, si las unidades se asignan de forma exclusiva al área de Seguridad Ciudadana local, los agentes «no podrán intervenir en la comisión de delitos, sino únicamente dar aviso a los servicios de emergencia», limitando su capacidad de acción inmediata.
Por último, los bloques opositores apuntaron contra la estrategia política del intendente Julián Álvarez. Reclamaron que el Ejecutivo comunal «reconoce la problemática de la inseguridad recién ahora para justificar esta millonaria compra». Como contrapropuesta, exigieron que los recursos públicos se reorienten de inmediato hacia:
- La instalación de más cámaras de videovigilancia.
- El regreso operativo de la Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI).
