El convenio posibilitará al municipio contar con un subsidio de 3.5000.000 de pesos para la compra de tierras y la construcción de viviendas cuyos destinatarios serán las familias de Villa Inflamable, Isla Maciel y la Villa Tranquila, más afectadas por la contaminación, registrada en altos niveles de tolueno en sangre.
"Nadie discute que trabajar por la gente de Villa Inflamable es trabajar por el país", afirmó Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación, quien suscribió el acuerdo hoy junto al intendente de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera, en la sede de la muinicipalidad.
Picolotti dijo además que "el proceso será paulatino pero las mil familias más afectadas de la zona accederán a una mejor calidad de vida porque "ahora el dinero necesario para comprar los terrenos y hacer las viviendas está y además hemos puesto en marcha el proceso".
Las viviendas serán levantadas en el marco del "Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios- Saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza", dependiente de ministerio de Planificación Federal.
A través de este programa, se entregaron en mayo las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable.
Tras su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos, agregó el texto.
"Pocos lugares del planeta tienen los índices de contaminación, como los que se registran en estos asentamientos", señaló Alvarez de Olivera y ponderó una experiencia anterior de relocalización en el distrito.
El jefe comunal aseguró que "hay pruebas de la mejora de la salud y de la calidad de vida de las familias que han sido reubicadas con anteridad en el distrito" y añadió que "los dichos los avalan las acciones y las acciones se hacen con recursos".
La iniciativa se enmarca en el cumplimiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río – Matanza – Riachuelo)", en su sentencia del 8 de julio pasado.
Entre otras obligaciones, el máximo tribunal ordenó cumplir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) -organismo integrado por la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal- a cumplir un programa que persiga la mejora de calidad de vida de los habitantes de ese curso hídrico.
