La aprobación del proyecto de ordenanza que permite asignar una partida de dinero mensual equivalente al 20 por ciento al sueldo del intendente para “gastos de representación” generó el viernes, en el marco de una nueva sesión ordinaria, uno de los cruces más fuertes del año entre el oficialismo y
Es que mientras desde el sector que responde a Darío Díaz Pérez destacaron la “necesidad” y la “legalidad” de la medida; desde las bancadas del ARI, el PRO, Recrear y el PJ criticaron con dureza “el momento elegido” y que “los gastos no sean sometidos a control”.
En diálogo con este medio, el presidente del bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, Héctor Montero, defendió el proyecto y aseguró que “los gastos de representación son necesarios para que el intendente no deba poner plata de su bolsillo cuando, por ejemplo, se recibe una visita importante”.
Además, recordó que la asignación “está contemplada” en el artículo 125 de
“Eso no significa que Darío después no lo haga, pero en principio no tiene por qué hacerlo”, puntualizó el edil, al tiempo que evaluó que “la negativa de la oposición fue nada más que un gesto político”.
El artículo referido a la figura de “gastos de representación” forma parte de una ordenanza mayor que prevé la distribución en distintas áreas de un dinero excedente (cerca de 800 mil pesos), producto del interés generado por 12 millones pesos que se encuentran en un banco destinados a saldar una deuda con el Ceamse.
La propuesta fue planteada ante el Cuerpo por los concejales del Frente que integran la Comisión de Hacienda, con Montero a la cabeza, y durante la última sesión fue tratada y aprobada tras una reñida votación que arrojó un ajustado
A la hora de justificar los porqués de la negativa, el concejal Pedro Gómez, del bloque ARI (uno de los cuatros que se opusieron al punto de los gastos) sostuvo: “No es el momento adecuado para sancionar este tipo de normativa, pese a que reconocemos que por su investidura es algo que necesita el Intendente”.
“También entendemos que es legal y está en su derecho pedirlo. En lo que no estamos de acuerdo es en ponerlo en práctica apenas un par de meses después de haberse declarado una emergencia administrativa que permitió cobrar una cuota extraordinaria al impuesto de ABL”, completó edil.
En tanto, desde el macrismo el concejal Jorge Schiavone cuestionó que “esos gastos no sean sometidos a una revisión” y que “la presentación o no de facturas dependa de la voluntad del jefe Comunal”.
“Para hacer más transparente la gestión, como impulsamos desde el Pro, ese es un punto que se debió haber sido cambiado”, puntualizó.
Visiones políticas, conveniencias, u obediencias al margen de los distintos sectores, lo cierto es que el proyecto dividió las aguas en el Concejo y marcó el primer enfrentamiento fuerte en el seno de un recinto que, hasta ahora, no había sido escenario de cruces de tamaña magnitud.
