La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que «la inclusión carcelaria tiene que ver con la exclusión social», al encabezar la firma de un convenio para promover la salud, la capacitación y la rehabilitación de la población carcelaria firmado por los ministerios de Justicia y Salud.
La Presidenta también mencionó que sobre 9288 detenidos cerca del 78 por ciento no tiene condena. «Es un tema que golpea duramente y tiene que ver con la salud psíquica», dijo.
Agregó que «en las cárceles no encontramos pudientes, sino gente de escasos recursos».
Por este motivo, instó a hacer un «ejercicio de doble justicia, la que impera en la Constitución y con aquellos que han sido arrastrados por la vida y por sistemas donde se pena más robar una gallina que vender el patrimonio nacional».
Con la firma del convenio, los ministros de Justicia, Aníbal Fernández, y de Salud, Graciela Ocaña, acordaron promover en conjunto políticas pública de «prevención, tratamiento, capacitación y rehabilitación social» de las personas privadas de su libertad y el seguimiento de sus patologías cuando egresan del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El convenio se firmó en el salón Ramón Carrillo del Ministerio de Salud y se inscribe en el 1er. Plan Nacional de Salud para incluir a la población carcelaria intra y extramuros: «Justicia con Salud y salud para incluir», Hacia el Acuerdo del Bicentenario, informó la cartera sanitaria.
El Ministerio de Salud se hará responsable de «promover, facilitar e implementar los programas existentes a las personas privadas de la libertad» y a quienes egresen de cárceles federales, y el de Justicia de «diseñar un plan de capacitación coordinado para el personal médico penitenciario».
El acuerdo implica para Argentina «un cambio revolucionario en materia de derechos humanos sanitarios, adecuando las políticas públicas al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado a la Constitución Nacional con la reforma del año 1994», destacaron.
La iniciativa para incluir a la población carcelaria intra y extramuros fue diseñado por el Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, que opera en la órbita del Ministerio de Justicia.
El plan, que se aplicará primero a las enfermedades de riesgo más graves (Sida, patologías respiratorias y cardíacas, adicciones, salud reproductiva), coloca al país por primera vez al nivel del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que prepara las bases para el Plan Nacional de Derechos Humanos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en varias ocasiones que el gasto médico de diagnóstico y tratamiento es muchas veces superior a lo que se destina para acciones de prevención, indicaron las autoridades.
El convenio firmado este jueves «resulta de vital importancia» en pos de «la readaptación del condenado, el adecuado tratamiento del procesado y la efectiva coordinación de la asistencia post penitenciaria».
También contribuirá a «la promoción de conductas saludables de toda la comunidad, en el marco de la protección internacional de los derechos humanos, según lo establece la Constitución Nacional y los Instrumentos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional».
El acuerdo «constituye un cambio de paradigma desde la última dictadura militar y coloca el tema sanitario en las cárceles del SPF al nivel de la primera reforma humanitaria producida por el ex director Roberto Pettinato», resaltó la cartera sanitaria.
En las cárceles federales hay 9.288 reclusos (8.259 hombres y 1.029 mujeres, de las cuales 78 están embarazadas) y un plantel de sanitario de 268 médicos clínicos; 52 odontólogos; 51 psicólogos; 9 bioquímicos; 5 nutricionistas, 1 obstetra y 219 enfermeros.
Las principales patologías de la población carcelaria está vinculada a traumatismos (5.040); sistema digestivo (3.144); oesteomentales (2.491); mentales (2.427); respiratorias (2.388); piel (2.312); oculares (1.818) y oído (1.053).
Les siguen las enfermedades del sistema circulatorio (848); del sistema nervioso (379); endócrinas (310); de la sangre (99), del sistema genitourinario (64) y tumorales (47).
También hay 242 portadores de VIH y 123 enfermos de Sida que atienden 13 infectólogos (4 del SPF y 9 contratados), 141 reclusos con hepatitis; 49 con enfermedades de transmisión sexual, 46 con tuberculosis y 1 afectado por toxoplasmosis.
