más de un año de las primeras presentaciones de pedidos de informes por parte de la oposición para conocer la situación de los presos que accedieron a la prisión domiciliaria por la pandemia de covid, en el Senado bonaerense ingresó otro texto que vuelve a traer a escena aquel pedido ante la baja de contagios en todo el país.
La iniciativa, presentada en las últimas horas por el legislador de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, busca saber cuántos fueron los presos beneficiados, las condiciones exigidas para otorgar prisión domiciliaria, y quiénes violaron la disposición judicial.
El nuevo pedido de informes ingresado por Andrés De Leo, se suma a otro ingresado a principio de año por la senadora Nidia Moirano, y que nunca fue tratado por el oficialismo. Así como tampoco tuvieron respuestas los reclamos esgrimidos en la Cámara baja a principio de mayo de 2020, momento que comenzó a regir la disposición.
“La iniciativa tiene como fundamento conocer el número de presos que fueron beneficiados con el arresto domiciliario y si se han cumplido con las condiciones de detención a partir de la morigeración de su pena”, graficó De Leo.
En este sentido, el proyecto pide detalles de las condiciones relacionadas con el arresto domiciliario de presos en unidades penitenciarias bonaerenses, durante el periodo de vigencia del aislamiento social y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo nacional, a raíz de la pandemia del COVID 19.
“Hoy todo está volviendo casi a la total normalidad, los chicos volvieron a las escuelas, los trabajadores a sus trabajos, y los militantes a la campaña. ¿Y los presos que fueron liberados? Sería bueno saber hasta cuándo regirá esta disposición”, apuntó el senador. En rigor, las últimas cifras oficiales esgrimidas desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hablaban de 800 presos bonaerenses que se encontraban dentro de los grupos de riesgo y accedieron a la prisión domiciliaria cuando comenzó la cuarentena obligatoria.
Andrés De Leo consideró que “la decisión de trasladar un número considerable de presos de unidades penitenciarias a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, generó un intenso debate en la sociedad bonaerense, respecto a si la pandemia habilita esta clase de medidas”.
“Existen muchos presos que fueron beneficiados con la morigeración de las condiciones de detención en una unidad penitenciaria, que por el tipo de delito que se le imputa o bien por sus condiciones físicas o de edad, fueron beneficiado con su arresto domiciliario, aplicándose un criterio amplio a partir del fallo dictado por la Sala I del Tribunal de Casación”, señaló.
A raíz de la polémica suscitada por este fallo del Tribunal de Casación, suscripto únicamente por el Dr. Víctor Violini, el Fiscal General apeló ante la Suprema Corte de Justicia, fijando límites y recomendaciones para disponer el arresto domiciliario. Sin embargo, para el senador “a pesar de los límites impuestos, permitió que un número amplio de detenidos fueran beneficiados con la prisión domiciliaria”.
“Por eso y con el fin de contar con la información necesaria, es que proponemos la iniciativa en cuestión, para poder hacer una evaluación respecto del arresto domiciliario de una gran cantidad de detenidos en unidades penitenciarias en la Provincia”, concluyó.
Presos con arresto domiciliario: qué pide conocer el senador.
-Cantidad de personas que fueron beneficiadas con arresto domiciliario
-Las condiciones que debían reunir para ser favorecidos con arresto domiciliario
-Cuántas personas privadas de su libertad violaron el arresto domiciliario
-Cantidad de sujetos detenidos que fueron beneficiados con arresto domiciliario,
-Quiénes fueron beneficiados, detenidos o condenados por delitos de homicidio doloso y/o contra la integridad sexual.
Cuántos presos accedieron a la prisión domiciliaria
Los últimos datos oficiales de la Provincia de mayo del año pasado hablaban de 800 presos que se encontraban dentro de los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus y fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario.
Al momento, fueron realizados casi 2.000 pedidos, de los cuales el 40% fue otorgado y el resto quedó en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, en el 85% de los casos las solicitudes fueron presentadas por defensores oficiales que representan a los detenidos, tanto en primera instancia como ante las cámaras de apelaciones y el Tribunal de Casación.
Fuente: DiputadosBonaerenses.webE
