En medio del crecimiento de la pobreza, que ya afecta al 48,8 % de los niños y niñas según el INDEC, educadores de diferentes jardines comunitarios de la provincia de Buenos Aires volvieron a reclamar por la plena implementación de la Ley 14.628, que incorpora a los educadores de los Jardines Comunitarios al sistema formal de educación.
«Las Instituciones Comunitarios cumplen un papel fundamental de contención e inclusión dentro del sistema educativo, garantizando el derecho a la educación inicial de miles de niños y niñas en aquellos lugares en donde el Estado está ausente. En la actualidad hay más de 500 instituciones de primera infancia en la provincia que estamos trabajando firmemente para ser reconocidas por la gobernadora María Eugenia Vidal«, señaló Alicia Sánchez, dirigente matancera de las Instituciones Educativas Comunitarias de Nivel Inicial.
A principios de marzo, Alicia Sánchez junto a un grupo de educadores de diferentes jardines comunitarios llegaron hasta la Legislatura para pedir por la ley. Además, desde la oposición se elevó un pedido de informe al gobierno bonaerense para que detalle la cantidad de jardines comunitarios incorporados al régimen formal de enseñanza, indique la cantidad de convenios suscriptos y cuál es la situación de cada caso.
Fue la Legislatura bonaerense la que sancionó en septiembre de 2014 la Ley 14.628, de autoría de la diputada mandato cumplido Alicia Sánchez, que obliga a la Dirección de Cultura y Educación a financiar a los jardines comunitarios y afrontar el pago de salarios de los educadores.
El objetivo de la norma es “garantizar el funcionamiento de las instituciones comunitarias de nivel inicial, proporcionando a tal fin, la infraestructura necesaria, la capacitación continua de los docentes, la creación de programas específicos y la supervisión de la educación que se imparta”.
Aunque ya pasaron más de cuatro años, todavía esa norma no se implementa y la gobernadora María Eugenia Vidal sigue desconociendo el rol de estas instituciones educativas comunitarias.
«Al no aplicar la ley, se están vulnerado los derechos de los niños y niñas, que cada vez vienen con más hambre a los Jardines producto de la crisis económica a la que nos arrastró el Gobierno de Cambiemos. La inflación, los tarifazos, los despidos y un estado que desfinancia y precariza la educación inicial, afecta principalmente al sector más desprotegido de la sociedad que son nuestrxs pibes. Estas instituciones cumplen un rol fundamental dentro de la comunidad: contienen a miles de los niños y niños del desamparo del Estado bonaerense y mitigan el hambre en los barrios más pobres de la provincia, concluyó Alicia Sánchez, autora de la ley.