El exjefe de la AFIP recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por administración fraudulenta en el caso Oil Combustibles. Aunque la condena está firme, restan trámites procesales para su ingreso a la cárcel.
El exdirector de la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, se encuentra a un paso de la prisión luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificara de forma definitiva su condena a cuatro años y ocho meses de cárcel de cumplimiento efectivo.
La resolución judicial provocó un impacto político e institucional inmediato. A través de una disposición oficial, el Gobierno nacional dictó la exoneración y expulsión definitiva de Echegaray de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, organismo que reemplazó a la antigua AFIP). El exfuncionario pierde así su estabilidad legal en el Estado tras más de 30 años de carrera en el sector aduanero.
La causa que lo lleva a la cárcel
Echegaray fue considerado autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
La investigación penal demostró que, durante su gestión al frente del organismo recaudador, otorgó de manera irregular sucesivos planes de facilidades de pago a la petrolera Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esta maniobra millonaria permitió que la firma retuviera de forma ilegal el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que cobraba a los usuarios pero que nunca rendía al Estado.
Además de los cuatro años y ocho meses de prisión, el tribunal le aplicó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cualquier tipo de función pública.
¿Por qué todavía no está detenido?
A pesar de que el rechazo de su último recurso extraordinario dejó la condena en condiciones de ejecutarse, el exjefe de los recaudadores aún no ingresó a un establecimiento penitenciario.
Fuentes judiciales explicaron que se trata de una demora estrictamente técnica y burocrática. Una vez que el expediente regresa formalmente al tribunal oral de origen, este debe emitir la orden de detención y coordinar con el Servicio Penitenciario Federal el cupo y el penal de destino. Se espera que este trámite se resuelva en el corto plazo.
